Fecha de publicación: Lun, Mar 6th, 2017
Politica | Publicado por: Clarin

Florencia y Máximo Kirchner pidieron a Bonadio ser sobreseídos

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Línea Prensa). Con diferencia de pocos minutos, Florencia y Máximo Kirchner cumplieron de modo similar con su indagatoria en Tribunales de Comodoro Py por la causa Los Sauces SA, en la que figuran por sospechas de corrupción.

Acompañados por el mismo abogado, Carlos Beraldi, dejaron escritos, se negaron a responder preguntas y pidieron ser sobreseídos en la investigación sobre negocios irregulares con empresarios favorecidos por la obra pública durante la gestión kirchnerista.

Florencia Kirchner fue la primera en llegar, antes de las 9 -hora a la que estaba citada. La acompañaron el defensor y los dirigentes kirchneristas Eduardo «Wado» De Pedro y Oscar Parrilli. Antes de las 9:30 ya había salido.

Florencia y Máximo Kirchner le dejaron dos escritos a Bonadio y pidieron ser sobreseídos

 

Minutos después arribó Máximo. A él lo esperaban otros exfuncionarios K y actuales legisladores, como Sergio Berni, Nilda Garré, Martín Sabbatella, Edgardo Depetri y Carlos Kunkel. Siguió los pasos que su hermana y antes de las 11 se retiró.

Fue la primera vez que los hijos de Cristina y Néstor Kirchner se presentaron a una indagatoria. Junto con su mamá, están acusados de formar una organización que recibía dinero de parte de beneficiarios de licitaciones públicas.

Hubo un fuerte operativo de seguridad y cientos de militantes de La Cámpora y otras agrupaciones K hicieron el aguante. También se la vio a Hebe de Bonafini, en una camioneta con otras Madres de Plaza de Mayo.

Florencia y Máximo Kirchner le dejaron dos escritos a Bonadio y pidieron ser sobreseídos

 

Mañana le toca a Cristina y así se cierra esta tanda de declaraciones, que incluyó a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, los principales clientes de la inmobiliaria K Los Sauces SA.

La expresidenta avisó que no quiere una manifestación en la puerta de los Tribunales: prefiere que los militantes se trasladen a la marcha de la CGT contra el Gobierno, que se hace a la tarde.

«Solicito que se dicte mi sobreseimiento en orden a todos los hechos que se me imputan. Asimismo peticiono que se ordene el levantamiento del embargo dispuesto en relación a mis ingresos laborales», dice el documento que presentó el abogado Beraldi en nombre de Florencia y al que accedió Clarín.

«Bonadio la trató muy bien», se ocuparon de destacar desde la defensa.

A fines de la semana pasada, el juez y el fiscal Carlos Rívolo habían tenido otro gesto, que los Kirchner valoraron aún más: concedieron el pedido para eximir de prisión a Flor K. Con Máximo no había ningún temor: como diputado nacional, tiene fueros y no puede ser detenido.

El hijo de Cristina también solicitó que «se dicte mi sobreseimiento en orden a tales cargos, con expresa mención de que la formación de estas actuaciones no afectan mi buen nombre y honor».

El operativo de seguridad y el arribo de militantes comenzó bien temprano: ya a las 7 se vieron policías y estandartes K en la zona de Retiro.

En la entrada principal de los Tribunales, sobre la calle Comodoro Py, se colocó un doble vallado más presencia de la Federal y la Prefectura. Del otro lado del edificio, sobre avenida de los Inmigrantes, se ubicaron efectivos de Gendarmería. Y el estacionamiento permaneció vacío: no podían entrar vehículos de ningún tipo. Sólo se permitía ingresar caminando.

Los simpatizantes kirchneristas se instalaron alrededor de la entrada lateral, al lado del Correo Argentino, por donde suele acceder Cristina cuando debe presentarse ante la Justicia. Como sucederá, probablemente, mañana.

El operativo también se extendió dentro del edificio de Tribunales. El cuarto piso, donde está el despacho del magistrado Bonadio, permaneció cerrado. Sólo entraron los acusados con su defensa. Fue distinto a lo que sucedió la semana pasada, cuando declararon los empresarios K Lázaro Báez y Cristobal López.

La causa Los Sauces SA se inició por una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer. La Justicia trata de establecer si los Kirchner incurrieron en un delito al alquilarles propiedades a quienes les concedían obra pública o negocios con el Estado, como Báez y López.

Según la acusación, integraron una organización que actuó entre 2003 y 2016 para «recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o áreas de la industria petrolera e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle una apariencia de origen lícito».