Fecha de publicación: Mie, Ene 17th, 2018
Politica | Publicado por: Clarin

La oposición junta fuerzas para ir contra el mega decreto de Mauricio Macri

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CIUDAD DE BUENOS AIRES (Línea Prensa). El mega decreto que firmó el presidente Mauricio Macri sigue sumando rechazo opositor. El Bloque Justicialista en Diputados salió a criticar la medida y no descarta pedir su derogación, como ya lo hizo el kirchnerismo. Mientras, desde el massismo – también en contra – idean alguna otra estrategia para frenarlo.

“Nunca hemos tenido una postura irracional en el recinto. Siempre estamos abiertos a discutir y en varias ocasiones hemos coincidido y apoyado iniciativas del oficialismo con fundamentos. Pero este DNU tiene temas que nos preocupan, más allá de que en este momento no hay razón alguna para que el Ejecutivo haga 140 modificaciones y derogue casi 20 leyes sin consultar al Congreso”, señaló a Clarín el salteño Pablo Kosiner, presidente de la bancada que representa a los gobernadores dialoguistas en la Cámara Baja.

En ese sentido, criticó la forma elegida: “El Gobierno plantea todo el tiempo que hay que recuperar el diálogo y envió ciento de modificaciones que van desde la regulación de cuatriciclos hasta el fondo de garantía de sustentabilidad, sin siquiera comentarlo con los bloques. Nos enteramos por los medios y son todas cuestiones que podían esperar al inicio de sesiones”, se quejó.

Antes de iniciar una acción, Kosiner adelantó que conversarán con sus pares del interbloque Argentina Federal, del que forman parte, y con el jefe de la bancada del peronismo en Senadores, Miguel Angel Pichetto, para tomar una postura común, aunque no descarta ir por la derogación.

Anular un DNU requiere que se expresen ambas cámaras explícitamente por mayoría simple. Si se abroquelan el PJ, el massismo y el FPV tienen mayoría en cualquiera de las cámaras. Sin embargo, aunque esos tres espacios ya manifestaron -en Diputados- estar en contra del decreto, la movida no traspasó el carácter de declaración mediática. Según pudo saber Clarín, al momento los diputados de las distintas fuerzas no consensuaron una estrategia común.

Apenas se conoció la firma del Presidente, el jefe del bloque del FPV, Agustín Rossi, declaró que se trataba de una medida “inconstitucional” y adelantó que pediría la revisión del decreto en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de controlar los DNU del Ejecutivo. “Necesitamos que otros sectores que han sido votados para hacer oposición actúen como oposición”, disparó días atrás el diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof.

Si bien aún no fue constituida la Bicameral, podría ser dominada por Cambiemos. El oficialismo se aseguró la mitad de sus miembros y podría conseguir la presidencia, que se reserva el voto de desempate.

“No importa quién tenga mayoría en la comisión. De hecho, si la comisión no lo trata, cumplidos los plazos estipulados por la ley se puede llevar al recinto directamente. Eso sería en la primera semana de febrero. Los DNU tienen carácter de resolución, se aprueban o se rechazan con mayoría simple”, detalló Rossi a Clarín.

Desde el massismo también afirmaron estar en contra pero como consideran que por vía del Congreso se va a “dilatar” la derogación y dicen estar “buscando otra manera más rápida y efectiva de frenarlo”.

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, ya adelantó que recurrirá a la Justicia cuando termine la feria -en febrero- para pedir la revisión del documento al que consideró “un abuso de poder”. “Afecta seriamente la división de poderes y vulnera derechos. Parece destinado a prescindir del Congreso”, afirmó en un comunicado.

Entre los puntos del DNU que generan mayor rechazo se encuentra la disposición por la cual se permitirá embargar las cuentas sueldo y el hecho de que a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la ANSES pueda tener inversiones financieras.

“Con el decreto ómnibus habilitaron los camiones con doble acoplado en algunas rutas y a nosotros nos hubiera gustado plantear la necesidad de reactivar el ferrocarril”, asegura Kosiner.

“También es grave que se acorten los plazos de llamados a licitación y que deje de ser obligatoria su publicación en boletines provinciales y municipales. Se beneficia a amigos del poder”, agrega Rossi.