Fecha de publicación: mar, Feb 6th, 2018
Actualidad | Publicado por: Clarin

Insisten para que el juez Casanello defina sin indaga a Cristina Kirchner

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CIUDAD DE BUENOS AIRES (Línea Prensa). Dando lugar al reclamo de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), la Sala II de la Cámara Federal porteña, ordenó al juez Sebastián Casanello que en un lapso prudente de tiempo, defina si citará a indagatoria o no a Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que Lázaro Báez fue procesado por lavar activos por 60 millones de dólares.

Con duras crítica al juez de la causa que hace sólo horas fue sorteada para su juicio oral y público (lo organizará el Tribunal Oral Federal 9), los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah ordenaron a Casanello que “en un plazo razonable, practique un nuevo estudio del pedido de indagatoria de Cristina Fernández”, que realizaron las querellas, pero también el fiscal Guillermo Marijuan cuando la imputó a Cristina Kirchner como “coautora de lavado” de dinero.

La resolución de la Cámara federal se sustentó en el reclamo que hicieron la OA y la UIF cuando el juez Casanello desistió de sus pedidos respecto a que debía llamar a indagatoria a Cristina Kirchner en la investigación en la que Báez cuenta con tres procesamientos.

Las querellas consideraron que se “ha dejado afuera a miembros claves de las maniobras investigadas en abierta violación al debido proceso, porque solo se estaría juzgando a los testaferros o socios y no a los verdaderos dueños de los bienes cuestionados”. Para la UIF no hay dudas que Báez es “testaferro de los Kirchner” y que todo el dinero que “obtuvo indebidamente a través de la obra pública”, fue parte de las maniobras de blanqueo investigadas en “la ruta del dinero K”.

En su momento, Casanello se refirió a un argumento de la UIF, y señaló que como ella está procesada como jefa de una asociación ilícita por el direccionamiento de la obra pública a favor de Báez, “mal puede haber dos asociaciones ilícitas integradas por las mismas personas en un mismo período de tiempo: es obvio que se trata de una misma asociación ilícita”, respondió Casanello y advirtió que si se aceptaba el argumento del organismo antilavado se estaría ante “un riesgo palmario de incurrir en una clonación de hechos que están siendo juzgados en otros procesos” y que pondría “en peligro la investigación en curso”.

Los jueces Irurzun y Farah difieren del argumentos del magistrado. Consideraron que el juez “insiste en una argumentación que persiste en sostener su punto de vista pero que, en definitiva, no da una respuesta a las partes en tanto omite sopesar la totalidad de las propuestas de una manera integral y dentro del contexto de la información recabada en los procesos”.

Así, le señalaron que el planteo del riesgo de un doble juzgamiento que usó el juez de la causa “es equivocado”, ya que “los hechos que exponen los acusadores para pedir la indagatoria de Cristina Fernández no fueron materia de un pronunciamiento en otras causa del fuero; es claro también que este escollo no fue advertido en el caso de Lázaro Báez, con quien comparte la imputación en ésta y en las otras causas, ya que su situación procesal en autos ha sido elevada a juicio”, resalta la resolución de Irurzun y Farah.

Bajo la línea argumentativa del juez Casanello -quien además expresó en varios escritos que no indagará a la ex Presidenta ya que estaba siendo juzgada en otros expedientes por las mismas acusaciones- la Sala II consideró que se “ignoró que tanto Lázaro Báez como Cristina Fernández son los mismos imputados (incluso, en algunos casos, procesados); que los hechos –en principio ilícitos- habrían tenido lugar en una simultaneidad de tiempo; y que se encuentran estrechamente relacionados”.

En función de las causas judiciales, se planteó que Lázaro Báez fue el encargado de brindar el entramado societario para captar los fondos públicos (causa “Vialidad Nacional”): 52 contratos “plagados de irregularidades” por $ 46.000 millones.

Como segunda instancia, el empresario K “vehiculizó parcialmente los fondos a las manos privadas de quienes entonces eran funcionarios públicos como Néstor y Cristina Kirchner”, algo planteado en las causas “Los Sauces” y “Hotesur”. Y además de “sacar fondos del país para posteriormente reintroducirlos de manera de ocultar su origen”, que es la instancia que investiga “la ruta del dinero K”.

Por dichos motivos, los camaristas indicaron que es necesario que Casanello “analice la situación de sospecha que señalan los acusadores acerca de la participación de Cristina Fernández en estos últimos hechos, en tanto es dable entender su vinculación con, al menos, parte de esos fondos, porque simultáneamente en esa fecha se encontraba integrando un grupo que se apoderaba de fondos públicos y que bajo contratos de locación y otras operaciones inmobiliarias simuladas solo recibía parte de esos beneficios ilícitos”.

En un plazo considerable de tiempo, la Sala II le pidió al juez que “se expida de nuevo sobre la pretensión de los acusadores, esta vez incluyendo los puntos indicados en el dictamen del Fiscal Marijuan cuando plantea la necesidad de escuchar en indagatoria a Cristina Fernández”.