Fecha de publicación: jue, Nov 8th, 2018
Sociedad | Publicado por: Clarin

Polémica por un proyecto que limita la responsabilidad de los gigantes de Internet

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CIUDAD DE BUENOS AIRES (Línea Prensa). Una polémica se generó en torno al proyecto de Responsabilidad de los Proveedores de Internet, que hoy se discutirá en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados. Es que las entidades culturales y de medios alertaron que el proyecto atenta contra los derechos de autor, en beneficio de gigantes tecnológicos como Google y Facebook, entre otros.

“El proyecto establece que las plataformas tecnológicas sólo tienen que ser notificados por un juez para remover contenidos protegidos por derechos de autor”, dijo Gerardo Filippelli, coordinador de Asuntos Legales de la Cámara Argentina del Libro. Y agregó: “Eso sería imposible, por los recursos necesarios, los tiempos que insumiría y lo engorroso de ese procedimiento”.

Por ejemplo, esa entidad logró bajar más de 100.000 ofertas de libros digitales en Mercado Libre, que no tenían sus derechos de propiedad intelectual. “Eran copias piratas, que se vendían a 10 o 20 pesos cada una”, aseguró Filippelli.

Algo similar sostuvo Javier Delupi, director ejecutivo de CAPIF, la cámara que representa a las empresas discográficas. “En lo que va del año logramos bajar 400.000 links, que tenían contenido ilegal, pirata. Si se sanciona esta ley, ¿tendríamos que hacer más de 400.000 juicios por año? ¿Y cuándo darían de baja esos contenidos ilegales?”.

Es que el proyecto de ley, que tiene media sanción del Senado desde 2016, establece que los proveedores de servicios de Internet no serán responsables por los contenidos generados por terceros, excepto cuando hayan sido notificados por un juez para remover o bloquear esos contenidos. En simultáneo, los gigantes tecnológicos no estarían obligados a monitorear los contenidos que publiquen los usuarios de sus plataformas tecnológicas.

“Es una garantía de libertad de expresión en Internet”, dijo Esteban Lescano, director de la Comisión de Asuntos Legales y Políticas Públicas de CABASE. “El foco hay que ponerlo en la no responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, lo cual garantiza la libertad de expresión”, añadió Lescano, en representación de las empresas tecnológicas.

“Acá no está en juego la libertad de expresión, sino la defensa de los derechos de los artistas”, afirmó Delupi, de CAPIF. Y agregó: “Facebook transfirió información confidencial de 40 millones de usuarios para manipular la mayor elección presidencial. ¿Le vamos a decir que no tienen responsabilidad?”. En el mismo sentido, desde la Cámara del Libro, Filippelli destacó la importancia de tener un “sistema ágil, rápido y eficiente, que proteja los derechos de autor”.

La iniciativa -que había conjugado los proyectos de Federico Pinedo y Liliana Fellner- fue aprobada a fines de 2016. Al año siguiente, tuvo dictamen favorable de comisiones en Diputados. Pero como no llegó a votarse y cambió la composición de la Cámara de Diputados, ese dictamen perdió estado parlamentario. Entonces, ahora tendrían que emitir nuevo dictamen y convertirlo en ley antes de fin de año, para que no se caiga la media sanción del Senado.

Pero eso está en duda, a partir de los cuestionamientos por la falta de protección a los derechos de propiedad intelectual. También, por los interrogantes sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas en fenómenos como la diseminación de noticias falsas y la manipulación en los procesos electorales. Hoy en Diputados estarán los representantes de medios de comunicación como ADEPA, ATA y ARPA, junto con los de productores discográficos y de la televisión (CAPIT y CAPIF), acompañados por representantes de otras entidades, además de los fotógrafos de ARGRA y la Cámara del Libro.

Las entidades periodísticas ya plantearon sus reparos al proyecto. Cuestionan que las plataformas obtengan beneficios por los contenidos que generan los medios, pero sin compartirlos. Y, además, citan el caso de la reciente directiva del Parlamento Europeo que obliga a dichas plataformas a una compensación justa.