Fecha de publicación: dom, Dic 30th, 2018
Internacional | Publicado por: Clarin

Bolsonaro quiere liberar por decreto la portación de armas

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CIUDAD DE BUENOS AIRES (Línea Prensa). Jair Bolsonaro tiene un plan inmediato para después de asumir los destinos de Brasil. Quiere editar un decreto para facilitar la posesión y el permiso para portar armas. La condición, dijo a través del Twitter –su sistema predilecto de comunicación—es que el futuro comprador no tenga antecedentes delictivos.

El mandatario tiene esa idea fija desde el comienzo de su campaña presidencial. Y ahora quiere cumplir la promesa dentro de los 100 primeros días de gobierno. Cree que eso va a satisfacer a una importante porción de sus votantes, a quienes tener un arma en casa o portarla en el auto les confiere más confianza. Precisamente se trata de una de las medidas que causó mejor impacto en los electores.

El asunto adquirió la suficiente importancia como para ser objeto de discusión entre sus futuros ministros, en un encuentro realizado el jueves último. La idea de flexibilizar la ley mediante un decreto fue sugerida por el ministro da Justicia designado: el ex juez Sergio Moro, quien se convirtió en una celebridad con la investigación del esquema de corrupción bautizado Lava Jato.

En Brasil hay una ley federal, la 10.826, conocida como Estatuto del Desarme. Esa norma permite a los ciudadanos poseer armas en sus domicilios si son mayores de 25 años, tienen un trabajo comprobable y una residencia fija. Además, no pueden comprar armamento si tuviera algún proceso delictivo en curso, o no pudiera comprobar la capacidad técnica y psicológica.

La declaración de necesidad, que se requiere en forma indispensable para justificar la tenencia, es realizada por la Policía Federal que puede rechazar el registro. En las circunstancias actuales es más fácil adquirir un revólver o pistola a alguien que habite en lugares apartados de las ciudades y que no cuenten con batallones de policía cercanos al domicilio.

En cuanto a la tenencia, la ley especifica que el propietario del arma puede apenas mantenerla en el interior de la casa o, eventualmente, en su lugar de trabajo si es que se trata del dueño de un establecimiento comercial o industrial. La portación es un paso más delicado. No cualquiera es autorizado a transportar el arma. Tiene que ser de las Fuerzas Armadas, de l policía, de los guardias municipales, agentes penitenciarios y empresas de seguridad.

En los cálculos de la prensa brasileña, 600.000 civiles están armados en la actualidad. Y de acuerdo con el IPEA (Instituto de Investigación Económica Aplicada) un aumento de 1% en la posesión de estas, significa una trepada de 2% en la cantidad de homicidios.

Quienes defienden que se mantenga el Estatuto, sostienen que una flexibilización del comercio de armamento implica un riesgo real de desvío de armas hacia el narcotráfico. Así lo reveló un estudio del Instituto Soy de la Paz, que indicó que 87% de las armas utilizadas en homicidios son de fabricación nacional y por lo tanto fueron legales en algún momento.

Aquellos que promueven la eliminación lisa y llana de la ley 10.826, afirman que ese estatuto “desarmó a los buenos ciudadanos y no impidió que los delincuentes tuvieran acceso a las armas”.

Hay un dato que revela la adhesión de los brasileños a la posesión de pistolas y revólveres. En 2005 se hizo un referendo donde la pregunta era: “¿Brasil debe prohibir el comercio de armas de fuego y de municiones?”. 64% de la población rechazó la prohibición.